En el universo de la caución se mencionan continuamente dos conceptos: las garantías provisionales y las garantías definitivas.
Las garantías definitivas (o avales definitivos o de ejecución), tienen como objeto asegurar el fiel cumplimiento de las condiciones fijadas en el contrato una vez que el mismo ha sido adjudicado. En caso de incumplir lo pactado respecto a la realización de obras, la prestación de un servicio o el suministro de bienes, la Administración afectada puede exigir la ejecución del aval, es decir, el pago de la indemnización fijada.
La cobertura del cumplimiento de los contratos públicos mediante la garantía de un aval es obligatoria por ley y gracias a esta exigencia se evitan graves perjuicios.